No es necesario ser un experto en derecho para
llegar a la conclusión de que el auto del magistrado que investiga el accidente
del tren Alvia que costó la vida a 79 personas en julio pasado está cargado de
sentido común, esa capacidad de discernimiento que tanto escasea entre
nosotros. Como todo el mundo sabe, el juez Luis Aláez considera que la causa
esencial de aquel terrible descarrilamiento fue la conducción inadecuada del
maquinista por exceso de velocidad. Sin embargo, vincula también la catástrofe
a la falta de medidas de seguridad preventivas en el tramo donde se produjo la
catástrofe y a la «conducta imprudente de las personas responsables de
garantizar una circulación segura» en la zona indicada. Ignoro en qué se
sustanciará finalmente la «imprudencia punible» que, de manera preliminar se achaca
al ADIF, pero consuela comprobar que también en sede judicial hay quien va más
allá de la actuación a todas luces imprudente del desafortunado maquinista. Después
de todo, ¿qué clase de seguridad sería la que nos garantizan los servicios
ferroviarios de este país si en curvas como la de A Grandeira la vida de las
miles de personas que pasan por ellas quedara supeditada exclusivamente al
albur de un fallo humano? Antes de la crisis tal posibilidad nos hubiera
parecido inadmisible e impropia de una sociedad moderna y democrática. Así
debería ser ahora también. No dejemos que la depresión, que tantas cosas se ha
llevado, nos arrebate nuestro derecho a vivir en una sociedad fiable y avanzada.
Heraldo de Aragón - 25/08/2013
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