Toda la responsabilidad política derivada del caso Bárcenas puede
resumirse en dos de las frases solemnes que Rajoy pronunció el jueves. Una, sorprendente por inesperada en su primera parte: «Cometí el error de creer a un
falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable». Y otra,
rotundamente previsible: «No voy a dimitir y no voy a convocar elecciones
anticipadas». En esto se sustancia uno de los casos de corrupción más sonados
de la vida política española. Rajoy acudió al debate del Congreso en el Senado
movido por dos urgencias: la de hacer frente a los daños que este escándalo
causa a la imagen exterior de España en plena lucha por salir de la recesión y
la de devolver la calma a su partido, muy tocado por las revelaciones de
Bárcenas, especialmente por la historia de los SMS. El empuje parlamentario del
presidente ha servido, al parecer, para conseguir este último objetivo, pero
ninguna de las dudas que existían antes han quedado despejadas: se mantienen
las mismas sospechas sobre la financiación ilegal del Partido Popular durante
las dos últimas décadas y sobre el cobro de sobresueldos en negro por parte de
destacados dirigentes populares, incluido el propio Rajoy a pesar de su rotundo
desmentido. Lamentablemente, el debate ha confirmado la ruptura de relaciones
entre el PP y el PSOE cuando más falta hacen los pactos y ha dejado flotando en
el aire la idea profundamente desestabilizadora de que la corrupción política
no tiene remedio en este país.
Heraldo de Aragón - 04/08/2013
Heraldo de Aragón - 04/08/2013
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