La mujer que con un gesto rápido vierte en una
bolsa de plástico la media ración de patatas bravas que algún cliente ha dejado
sobre una mesa, en la terraza del bar, no sabe quiénes son los dirigentes del PP
y del PSOE andaluz que estos días pasados han coincidido en denunciar «una
causa general» contra sus respectivos partidos. Carlos Floriano y Mario
Jiménez, que así se llaman los políticos en cuestión, difícilmente se pondrán
alguna vez de acuerdo sobre la forma de evitar que en este país se produzcan
escenas tan desoladoras como la descrita, pero han reaccionado de manera
idéntica a las actuaciones judiciales que tratan de desentrañar los escándalos
Gürtel y Bárcenas, por un lado, y el de los ERE, por otro. A estas alturas, no
vamos a sorprendernos de los intentos de descalificar a los magistrados que
instruyen sumarios por corrupción, pero algunos políticos deberían mostrar más
respeto a los ciudadanos, que sufren los efectos de una creciente fractura
social. Para causa general, la que padecen millones de personas azotadas por
una crisis de la que no son responsables y que se puede achacar, sin miedo a
equivocarse, a quienes han antepuesto siempre el beneficio individual al bien
común. La mujer que el miércoles pasado buscaba comida por las mesas de un bar
de Delicias, en Zaragoza, es uno de los rostros de la desesperanza que Cáritas
denunció a finales de junio, tras su asamblea general: una víctima más de un «modelo
injusto», levantado «bajo el argumento de la racionalización del gasto y la
sostenibilidad económica».
Heraldo de Aragón - 07/07/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario